jueves, 27 de septiembre de 2012
El Fiscal Superior de Asturias reclama una solución urgente al conflicto de ESABE
Hoy ha tenido lugar la segunda jornada de huelga de vigilantes privados
en los juzgados y varios edificios públicos sensibles de la región como
el Centro Materno Infantil de Oviedo.
Desde el Principado explican que están a la espera de que ESABE tramite el traspaso de sus servicios a otra empresa de vigilancia, la compañía SEQUOR. La cesión se haría efectiva en cuanto ESABE corrija un error en la factura emitida en el mes de junio y SEQUOR presente el aval necesario para el traspaso de servicios.
No se ha producido ningún tipo de incidente en los accesos a las sedes judiciales en esta segunda joranda de huelga, pero desde la Fiscalía se reclama solución urgente al conflicto.
Los trabajadores en huelga por impagos en sus nóminas, aseguran que no se les ha informado acerca de esa posible subrrogación, y afirman que la nueva empresa de vigilancia pertenece al mismo propietario que ESABE. Los trabajadores cuestionan la solvencia de SEQUOR, con problemas de impagos a nivel nacional, y que ya los tuvo aquí en Asturias con los vigilantes de Alcoa en Avilés.
Desde el Principado explican que están a la espera de que ESABE tramite el traspaso de sus servicios a otra empresa de vigilancia, la compañía SEQUOR. La cesión se haría efectiva en cuanto ESABE corrija un error en la factura emitida en el mes de junio y SEQUOR presente el aval necesario para el traspaso de servicios.
No se ha producido ningún tipo de incidente en los accesos a las sedes judiciales en esta segunda joranda de huelga, pero desde la Fiscalía se reclama solución urgente al conflicto.
Los trabajadores en huelga por impagos en sus nóminas, aseguran que no se les ha informado acerca de esa posible subrrogación, y afirman que la nueva empresa de vigilancia pertenece al mismo propietario que ESABE. Los trabajadores cuestionan la solvencia de SEQUOR, con problemas de impagos a nivel nacional, y que ya los tuvo aquí en Asturias con los vigilantes de Alcoa en Avilés.
lunes, 24 de septiembre de 2012
Declaran procedente despido vigilante seguridad no acudió a comprobar alarmas
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región
(TSJ) ha confirmado la procedencia del despido de un vigilante de
seguridad de la empresa "S.D.E., SAU", que fue acordado al observar que
no había acudido a comprobar sendas alarmas, además de presentar
kilometrajes que no justificó.
El Juzgado de lo Social, en su resolución de junio de 2011, consideró acreditados los hechos tenidos en cuenta por la empresa para acordar el cese de la relación laboral y desestimó la demanda que presentó el trabajador.
Al desestimar el recurso, la Sala, entre otras consideraciones, afirma que lo alegado por el recurrente, que atribuía su despido a una represalia por la reivindicación laboral presentada con anterioridad, no ha sido acreditado.
Por el contrario, añade, "está probado que desobedeció las órdenes empresariales y conculcó la buena fe contractual que debe presidir toda relación laboral, principalmente, en materia de seguridad, como la presente".
21/09/2012 Noticias EFE
El Juzgado de lo Social, en su resolución de junio de 2011, consideró acreditados los hechos tenidos en cuenta por la empresa para acordar el cese de la relación laboral y desestimó la demanda que presentó el trabajador.
Al desestimar el recurso, la Sala, entre otras consideraciones, afirma que lo alegado por el recurrente, que atribuía su despido a una represalia por la reivindicación laboral presentada con anterioridad, no ha sido acreditado.
Por el contrario, añade, "está probado que desobedeció las órdenes empresariales y conculcó la buena fe contractual que debe presidir toda relación laboral, principalmente, en materia de seguridad, como la presente".
21/09/2012 Noticias EFE
miércoles, 12 de septiembre de 2012
Una pareja de León agrede a la vigilante de seguridad de la estación de autobuses
Los detenidos, con antecedentes, propinaron varios puñetazos a la mujer,
que se había negado a abrirles una taquilla para recoger sus equipajes
R. GARCÍA
La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una pareja de León de unos 40 años de edad acusada de agredir a una vigilante de seguridad de la estación de autobuses de Gijón. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete de la tarde. La trabajadora se había negado a abrir la taquilla en la que los leoneses guardaban sus equipajes después de que estos perdieran las llaves del compartimento. Fue esa negativa la que desató la agresividad de los ahora arrestados.
Los dos acusados pidieron ayuda en un primer momento al personal de la estación. Los ahora detenidos pretendían que los trabajadores les abrieran una taquilla en la que horas antes habían guardado sus equipajes y de la que no tenían las llaves. La vigilante de seguridad de la zona trató de calmar en un primer momento a la pareja asegurando que tenían que identificarse para poder acceder a sus pertenencias. Los acusados se negaron a atender los requerimientos de la vigilante. El hombre cogió a la empleada por el cuello y la tiró al suelo, comenzando entonces a golpearla mientras su mujer amenazaba de muerte a la víctima, a la que los acusados llegaron incluso a arañar en varias ocasiones, tal y como relataron los testigos de los hechos. Un conductor de autobús que en esos momentos se encontraba en las inmediaciones del lugar trató, aunque sin éxito, de frenar la agresión. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados del caso redujeron a los detenidos y procedieron a su traslado hasta las dependencias policiales de El Natahoyo, en donde quedaron custodiados.
La vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta un centro médico, donde la atendieron de sus lesiones. Ambos arrestados contaban con antecedentes penales.
R. GARCÍA
La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una pareja de León de unos 40 años de edad acusada de agredir a una vigilante de seguridad de la estación de autobuses de Gijón. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete de la tarde. La trabajadora se había negado a abrir la taquilla en la que los leoneses guardaban sus equipajes después de que estos perdieran las llaves del compartimento. Fue esa negativa la que desató la agresividad de los ahora arrestados.
Los dos acusados pidieron ayuda en un primer momento al personal de la estación. Los ahora detenidos pretendían que los trabajadores les abrieran una taquilla en la que horas antes habían guardado sus equipajes y de la que no tenían las llaves. La vigilante de seguridad de la zona trató de calmar en un primer momento a la pareja asegurando que tenían que identificarse para poder acceder a sus pertenencias. Los acusados se negaron a atender los requerimientos de la vigilante. El hombre cogió a la empleada por el cuello y la tiró al suelo, comenzando entonces a golpearla mientras su mujer amenazaba de muerte a la víctima, a la que los acusados llegaron incluso a arañar en varias ocasiones, tal y como relataron los testigos de los hechos. Un conductor de autobús que en esos momentos se encontraba en las inmediaciones del lugar trató, aunque sin éxito, de frenar la agresión. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados del caso redujeron a los detenidos y procedieron a su traslado hasta las dependencias policiales de El Natahoyo, en donde quedaron custodiados.
La vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta un centro médico, donde la atendieron de sus lesiones. Ambos arrestados contaban con antecedentes penales.
martes, 11 de septiembre de 2012
Guardias de seguridad protestan en Vigo para poder cobrar
Los trabajadores de la firma Sequor se han concentrado delante de las instalaciones de Povisa, uno de sus lugares de trabajo
La Voz
Vigo 11 de septiembre de 2012 11:32
Trabajadores de la empresa de seguridad Sequor se han concentrado hoy frente a las instalaciones de Povisa para reclamar el cobro de sus nóminas. Los empleados, que cumplen labores de vigilancia en diversas firmas por toda España, aseguran que se producen incumplimientos constantes en material laboral.
«Es incomprensible que una empresa que trabaja en un tanto por ciento muy importante con las administraciones públicas, en varias comunidades, pueda permitirse estas licencias», aseguran los sindicatos.
Para remediar estos problemas reclaman a las adminsitraciones públicas que realicen más control sobre las firmas que gestionan los servicios. Además, desde UGT piden también que se cree un acuerdo marco a nivel regional para que se expongan los requisitos que deben cumplir las firmas.
La Voz
Vigo 11 de septiembre de 2012 11:32
Trabajadores de la empresa de seguridad Sequor se han concentrado hoy frente a las instalaciones de Povisa para reclamar el cobro de sus nóminas. Los empleados, que cumplen labores de vigilancia en diversas firmas por toda España, aseguran que se producen incumplimientos constantes en material laboral.
«Es incomprensible que una empresa que trabaja en un tanto por ciento muy importante con las administraciones públicas, en varias comunidades, pueda permitirse estas licencias», aseguran los sindicatos.
Para remediar estos problemas reclaman a las adminsitraciones públicas que realicen más control sobre las firmas que gestionan los servicios. Además, desde UGT piden también que se cree un acuerdo marco a nivel regional para que se expongan los requisitos que deben cumplir las firmas.
viernes, 7 de septiembre de 2012
ERES: Análisis de la Sentencia 30/2012 de 25 de julio de la Sala Social de la Audiencia Nacional
Respecto a SEGUR IBERICA, SA
I.- Introducción
Hace relativamente poco, consultado la Jurisprudencia más reciente, pude tener en mis manos la Sentencia 30/2012 dictada por la Sala Social de la Audiencia Nacional. La verdad, es que cuando ví que se trataba de una empresa de seguridad me eché las manos a la cabeza y pensé… ¡otra! Pero, ciertamente ésta Sentencia es realmente interesante de leer y estudiar, puesto que hace tambalear las “súper reformas” que actualmente estamos viviendo y de las que pongo en duda su poca efectividad, al menos para la parte social.
II.- Análisis
Bien, como resumen de los hechos probados de la Sentencia, decir que los delegados del centro de trabajo de la empresa SEGUR IBERICA, SA en Pamplona (Navarra), presentaron demanda en reclamación por despido colectivo frente a la dicha empresa juntamente con el Comité de Empresa del centro de Vizcaya y los delegados de personal de Álava. Al parecer, SEGUR IBERICA, SA, había presentado Expediente de Regulación de Empleo, en adelante ERE, el 12 de Marzo de 2012 ante la Dirección General de Trabajo para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, 6 en Álava y 14 en Vizcaya basada en “la drástica rescisión parcial del contrato por parte de nuestro cliente el Ministerio del Interior”. Los centros de Álava y Vizcaya llegaron a un acuerdo con la patronal mejorando así las indemnizaciones por despido, en cambio en el centro de Navarra, no se llegó a ningún acuerdo a pesar de haberse realizado varias reuniones entre la representación de los trabajadores y la empresa dentro del periodo de consultas. La representación letrada de la empresa planteó excepción de incompetencia territorial.
A primer golpe de vista, el tema parece sencillo, pero resulta de gran alimento jurídico el análisis de los fundamentos de derecho que plantea la Sentencia, por lo que antes de entrar en el fondo de la cuestión, debo mencionar que ante la excepción planteada, la Sala falló como erróneo el planteamiento, ya que de acuerdo con lo que establece el artículo 8.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en adelante LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en adelante AN, conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad a los previsto en el artículo 124.1 a 124.10 de éste mismo cuerpo legal cuando extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
El mayor interés jurídico que plantea ésta Sentencia lo encontramos en el Fundamento de derecho Cuarto, en el que mediante cuatro argumentos muy claros, llega a estimar la demanda interpuesta, declarando la nulidad del despido colectivo efectuado afectando a los tres centros de trabajo en Navarra, Álava y Vizcaya.
Los argumentos sobre los que se sostiene el fallo de la Sentencia son cuatro como hemos citado, aunque voy a permitirme la libertad de analizarlos en orden de mayor a menor importancia, bajo mi humilde punto de vista, claro está.
En primer lugar resaltaría que la nueva redacción del artículo 124 de la LRJS que regula los “despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, sólo permite que pueda ser impugnado el despido colectivo en su totalidad, y con totalidad me refiero con independencia del centro de trabajo, con la finalidad de salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. Tal y como contempla la Sentencia, si se mantuvieses que procede el análisis por centro de trabajo, el fallo debería ser mixto, es decir, serían nulos los despidos efectuados en Navarra y ajustados a Derecho el resto. Incluso se llega a decir que, “un mismo despido impugnado colectivamente podría dar lugar a una declaración de nulidad, ajuste a Derecho y desajuste a Derecho al mismo tiempo, según las circunstancias imperantes en cada centro de trabajo”.
En segundo lugar, y como dice la propia Sentencia, “según dispone el artículo 124.3 y 13 de la LRJS, la sentencia dictada en proceso de impugnación colectiva del despido posee efectos de cosa juzgada respecto de los procesos individuales”. Por tanto, sería contrario a Derecho que se declarara la nulidad de los despido de Navarra y no del resto, ya que al poseer efectos de cosa juzgada se impediría con un fallo de éste tipo, que el resto de trabajadores pudieran ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva.
En tercer lugar, ni Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de Julio de 1.998 ni el artículo 51.2 del ET regulan la sustentación del período de consultas con los representantes de los trabajadores, precisando aspectos sobre su formalización y contenido, esto es, no contemplan la posibilidad de parcelar el proceso de negociación por centros de trabajo, dejando a la decisión de las partes la extinción colectiva de diferentes centros de trabajo de una misma empresa, por lo que entiendo que sí estaríamos ante la posibilidad de negociar un ERE conjunto una vez planteadas las preceptivas comisiones en los diferentes centros de trabajo y finalmente a falta de acuerdo llegar a la Extinción conjunta.
En último lugar, y denominado según la propia Sentencia como “elemento adicional”, debemos destacar que los artículo 14.4 y 15.2 del RD 801/2011 por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos contemplaban la posibilidad de que la Autoridad Laboral autorizara el despido colectivo en unos centros de trabajo y en otros no, pero con la Orden ESS/487/2012, de 8 de Marzo, sobre la vigencia transitoria de determinados artículos del citado RD 801/2011 no quedan incluidos los mencionados, con lo que fija un argumento más para declarar la nulidad de los despidos producidos en todos los centros de trabajo mencionados.
III.- Conclusiones
A modo de conclusión, me gustaría decir que la Sentencia no entra en uno de los aspectos más polémicos de las reformas como es el alcance del control judicial sobre las causas de extinción, dado que la nulidad resulta de otro tipo de incumplimientos.
Con ésta Sentencia y los criterios adoptados por la AN, la que suscribe no es capaz de augurar un poso jurisprudencial duradero, dado que está al caer la aprobación de un Real Decreto que vendrá a aprobar los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
Hilda Irene Arbonés i Lapena
Abogada y Profesora del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas
I.- Introducción
Hace relativamente poco, consultado la Jurisprudencia más reciente, pude tener en mis manos la Sentencia 30/2012 dictada por la Sala Social de la Audiencia Nacional. La verdad, es que cuando ví que se trataba de una empresa de seguridad me eché las manos a la cabeza y pensé… ¡otra! Pero, ciertamente ésta Sentencia es realmente interesante de leer y estudiar, puesto que hace tambalear las “súper reformas” que actualmente estamos viviendo y de las que pongo en duda su poca efectividad, al menos para la parte social.
II.- Análisis
Bien, como resumen de los hechos probados de la Sentencia, decir que los delegados del centro de trabajo de la empresa SEGUR IBERICA, SA en Pamplona (Navarra), presentaron demanda en reclamación por despido colectivo frente a la dicha empresa juntamente con el Comité de Empresa del centro de Vizcaya y los delegados de personal de Álava. Al parecer, SEGUR IBERICA, SA, había presentado Expediente de Regulación de Empleo, en adelante ERE, el 12 de Marzo de 2012 ante la Dirección General de Trabajo para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, 6 en Álava y 14 en Vizcaya basada en “la drástica rescisión parcial del contrato por parte de nuestro cliente el Ministerio del Interior”. Los centros de Álava y Vizcaya llegaron a un acuerdo con la patronal mejorando así las indemnizaciones por despido, en cambio en el centro de Navarra, no se llegó a ningún acuerdo a pesar de haberse realizado varias reuniones entre la representación de los trabajadores y la empresa dentro del periodo de consultas. La representación letrada de la empresa planteó excepción de incompetencia territorial.
A primer golpe de vista, el tema parece sencillo, pero resulta de gran alimento jurídico el análisis de los fundamentos de derecho que plantea la Sentencia, por lo que antes de entrar en el fondo de la cuestión, debo mencionar que ante la excepción planteada, la Sala falló como erróneo el planteamiento, ya que de acuerdo con lo que establece el artículo 8.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en adelante LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en adelante AN, conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad a los previsto en el artículo 124.1 a 124.10 de éste mismo cuerpo legal cuando extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
El mayor interés jurídico que plantea ésta Sentencia lo encontramos en el Fundamento de derecho Cuarto, en el que mediante cuatro argumentos muy claros, llega a estimar la demanda interpuesta, declarando la nulidad del despido colectivo efectuado afectando a los tres centros de trabajo en Navarra, Álava y Vizcaya.
Los argumentos sobre los que se sostiene el fallo de la Sentencia son cuatro como hemos citado, aunque voy a permitirme la libertad de analizarlos en orden de mayor a menor importancia, bajo mi humilde punto de vista, claro está.
En primer lugar resaltaría que la nueva redacción del artículo 124 de la LRJS que regula los “despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, sólo permite que pueda ser impugnado el despido colectivo en su totalidad, y con totalidad me refiero con independencia del centro de trabajo, con la finalidad de salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. Tal y como contempla la Sentencia, si se mantuvieses que procede el análisis por centro de trabajo, el fallo debería ser mixto, es decir, serían nulos los despidos efectuados en Navarra y ajustados a Derecho el resto. Incluso se llega a decir que, “un mismo despido impugnado colectivamente podría dar lugar a una declaración de nulidad, ajuste a Derecho y desajuste a Derecho al mismo tiempo, según las circunstancias imperantes en cada centro de trabajo”.
En segundo lugar, y como dice la propia Sentencia, “según dispone el artículo 124.3 y 13 de la LRJS, la sentencia dictada en proceso de impugnación colectiva del despido posee efectos de cosa juzgada respecto de los procesos individuales”. Por tanto, sería contrario a Derecho que se declarara la nulidad de los despido de Navarra y no del resto, ya que al poseer efectos de cosa juzgada se impediría con un fallo de éste tipo, que el resto de trabajadores pudieran ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva.
En tercer lugar, ni Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de Julio de 1.998 ni el artículo 51.2 del ET regulan la sustentación del período de consultas con los representantes de los trabajadores, precisando aspectos sobre su formalización y contenido, esto es, no contemplan la posibilidad de parcelar el proceso de negociación por centros de trabajo, dejando a la decisión de las partes la extinción colectiva de diferentes centros de trabajo de una misma empresa, por lo que entiendo que sí estaríamos ante la posibilidad de negociar un ERE conjunto una vez planteadas las preceptivas comisiones en los diferentes centros de trabajo y finalmente a falta de acuerdo llegar a la Extinción conjunta.
En último lugar, y denominado según la propia Sentencia como “elemento adicional”, debemos destacar que los artículo 14.4 y 15.2 del RD 801/2011 por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos contemplaban la posibilidad de que la Autoridad Laboral autorizara el despido colectivo en unos centros de trabajo y en otros no, pero con la Orden ESS/487/2012, de 8 de Marzo, sobre la vigencia transitoria de determinados artículos del citado RD 801/2011 no quedan incluidos los mencionados, con lo que fija un argumento más para declarar la nulidad de los despidos producidos en todos los centros de trabajo mencionados.
III.- Conclusiones
A modo de conclusión, me gustaría decir que la Sentencia no entra en uno de los aspectos más polémicos de las reformas como es el alcance del control judicial sobre las causas de extinción, dado que la nulidad resulta de otro tipo de incumplimientos.
Con ésta Sentencia y los criterios adoptados por la AN, la que suscribe no es capaz de augurar un poso jurisprudencial duradero, dado que está al caer la aprobación de un Real Decreto que vendrá a aprobar los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
Hilda Irene Arbonés i Lapena
Abogada y Profesora del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas
Pistoleros del monte: Interior y Agricultura facilitan la vigilancia privada en el campo
El Gobierno ha dado el primer paso para extender la seguridad privada y
armada a los montes y el medio natural. Setenta y ocho horas antes de
que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
exponga este jueves, 6 de septiembre, ante la comisión correspondiente
del Congreso el balance de los daños provocados por los mayores
incendios forestales de la última década, el Ministerio del Interior ha
promulgado los nuevos requisitos formativos y de uniformidad de los
“vigilantes privados del campo”, un primer paso para afincar el modelo
de seguridad armada de pago en el medio natural.
La nueva disposición de Interior apareció en el BOE del 3 de septiembre y regula la formación y las pruebas que deberán superar los aspirantes a convertirse en “Guardas Particulares del Campo” o vigilantes privados de seguridad, con exámenes físicos por tramos de edad, conocimientos teóricos de los delitos contra el medio natural, primeros auxilios, métodos de autodefensa, procedimientos de detención y prácticas de tiro y manejo de armas, sin especificar, lo que incluiría el uso de rifles.
La orden del departamento del ministro Jorge Fernández Díaz ha sido acordada con su colega de Agricultura, Arias Cañete, y cuenta con el visto bueno del titular de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. En ella se desarrolla una regulación que dejó pendiente el Gobierno de José María Aznar en 1999. Entonces, la amenaza de ETA obligó al Ejecutivo a apelar a las empresas de seguridad privada para proteger a cientos de cargos públicos del PP, amenazados en el País Vasco y que rechazaban la escolta de la Ertzaintza o Policía Autonómica Vasca.
Ahora las circunstancias han cambiado, y los incendios que han arrasado más de150.000 hectáreasde bosques y fincas a lo largo de julio y agosto en todas las Comunidades Autónomas, comenzando por la Valenciana –la primera que derogó la prohibición de construir en terrenos afectados por incendios–, aparecen como una gran oportunidad y un argumento de peso para que los propietarios de fincas, montes y cotos de caza y pesca implanten vigilancia de pago, coordinada con los cuarteles de la Guardia Civil y los agentes del Servicio de Protección del Medio Natural (SEPRONA).
El nuevo ámbito de actividad ampliará las salidas profesionales hacia el sector privado de la seguridad de los miles de soldados y marineros profesionales que terminan sus contratos y han de abandonar las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil les reserva hasta el 75% de las nuevas plazas que convoca cada año y el Cuerpo Nacional de Policía, más del 50%. Con la privatización de la seguridad en el campo aumentarán sus posibilidades de convertirse en guardas armados de montes, fincas, ríos, costas y cotos, patrullando a pie, a caballo, en motos todo terreno, coches, lanchas y helicópteros.
El impulso a la seguridad privada en el medio natural contrasta con los grandes recortes de personal y material de prevención de incendios antes y durante este verano. A pesar del aviso de los técnicos sobre la sequía y el alto riesgo de incendios, es sabido que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, marcó la pauta y se anticipó a los acontecimientos con una quita de 105,5 millones de euros, el despido inicial de 250 trabajadores y la supresión de retenes, medios aéreos, cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria, vehículos y otros medios técnicos. Y que en pleno mes de agosto, perseveró con dos expedientes de regulación de empleo que enviaron al paro a 755 trabajadores de la empresa pública autonómica Geacam, encargada de la prevención y lucha contra los incendios.
Los sindicatos y las fuerzas políticas de la oposición han denunciado los recortes, la imprevisión y falta de coordinación ante los grandes fuegos que han quintuplicado los de 2011, con más hectáreas de bosque quemado que en los últimos diez años juntos, y, sobre todo, con la pérdida de seis vidas humanas. Sin embargo, no se puede decir que la política de ajuste presupuestario en todos los ámbitos relacionados con los servicios sociales esenciales y bienes públicos sea incoherente con el neoliberalismo privatizador que impregna las decisiones del PP en el Gobierno central y en la mayoría de los ayuntamientos y autonomías. En la lectura del desastre, los que se empeñan en reducir nuestra vida a cifras, ya han encontrado una nueva fuente de beneficio privado.
La nueva disposición de Interior apareció en el BOE del 3 de septiembre y regula la formación y las pruebas que deberán superar los aspirantes a convertirse en “Guardas Particulares del Campo” o vigilantes privados de seguridad, con exámenes físicos por tramos de edad, conocimientos teóricos de los delitos contra el medio natural, primeros auxilios, métodos de autodefensa, procedimientos de detención y prácticas de tiro y manejo de armas, sin especificar, lo que incluiría el uso de rifles.
La orden del departamento del ministro Jorge Fernández Díaz ha sido acordada con su colega de Agricultura, Arias Cañete, y cuenta con el visto bueno del titular de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. En ella se desarrolla una regulación que dejó pendiente el Gobierno de José María Aznar en 1999. Entonces, la amenaza de ETA obligó al Ejecutivo a apelar a las empresas de seguridad privada para proteger a cientos de cargos públicos del PP, amenazados en el País Vasco y que rechazaban la escolta de la Ertzaintza o Policía Autonómica Vasca.
Ahora las circunstancias han cambiado, y los incendios que han arrasado más de150.000 hectáreasde bosques y fincas a lo largo de julio y agosto en todas las Comunidades Autónomas, comenzando por la Valenciana –la primera que derogó la prohibición de construir en terrenos afectados por incendios–, aparecen como una gran oportunidad y un argumento de peso para que los propietarios de fincas, montes y cotos de caza y pesca implanten vigilancia de pago, coordinada con los cuarteles de la Guardia Civil y los agentes del Servicio de Protección del Medio Natural (SEPRONA).
El nuevo ámbito de actividad ampliará las salidas profesionales hacia el sector privado de la seguridad de los miles de soldados y marineros profesionales que terminan sus contratos y han de abandonar las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil les reserva hasta el 75% de las nuevas plazas que convoca cada año y el Cuerpo Nacional de Policía, más del 50%. Con la privatización de la seguridad en el campo aumentarán sus posibilidades de convertirse en guardas armados de montes, fincas, ríos, costas y cotos, patrullando a pie, a caballo, en motos todo terreno, coches, lanchas y helicópteros.
El impulso a la seguridad privada en el medio natural contrasta con los grandes recortes de personal y material de prevención de incendios antes y durante este verano. A pesar del aviso de los técnicos sobre la sequía y el alto riesgo de incendios, es sabido que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, marcó la pauta y se anticipó a los acontecimientos con una quita de 105,5 millones de euros, el despido inicial de 250 trabajadores y la supresión de retenes, medios aéreos, cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria, vehículos y otros medios técnicos. Y que en pleno mes de agosto, perseveró con dos expedientes de regulación de empleo que enviaron al paro a 755 trabajadores de la empresa pública autonómica Geacam, encargada de la prevención y lucha contra los incendios.
Los sindicatos y las fuerzas políticas de la oposición han denunciado los recortes, la imprevisión y falta de coordinación ante los grandes fuegos que han quintuplicado los de 2011, con más hectáreas de bosque quemado que en los últimos diez años juntos, y, sobre todo, con la pérdida de seis vidas humanas. Sin embargo, no se puede decir que la política de ajuste presupuestario en todos los ámbitos relacionados con los servicios sociales esenciales y bienes públicos sea incoherente con el neoliberalismo privatizador que impregna las decisiones del PP en el Gobierno central y en la mayoría de los ayuntamientos y autonomías. En la lectura del desastre, los que se empeñan en reducir nuestra vida a cifras, ya han encontrado una nueva fuente de beneficio privado.
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